La principal novedad que presenta esta nueva ley es que, a diferencia de la anterior ley de 1994, se fortalece la libertad de pacto entre arrendatario y arrendador en cuestiones como la revisión del importe de la renta, en lugar de hacerse obligatoriamente en función de las variaciones del IPC.
De la misma forma, aparecen otros cambios, como una mayor flexibilidad de los plazos legales de duración del contrato de alquiler. Así, se reducen de 5 años a 3 la duración de la “prórroga obligatoria” y la duración de la “prórroga táctica automática” de 3 años a 1.
Además, la nueva ley concede más facilidades al arrendador para recuperar su vivienda para su propio uso o en caso de incumplimiento de pagos por parte del inquilino.
La nueva ley incluye otros cambios que es necesario conocer antes de redactar un contrato de alquiler, a fin de que las cláusulas estén en consonancia con la legislación vigente y así el proceso sea más claro y transparente para ambas partes.
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