Hay pocas normas más importantes que las de derechos de autor y propiedad intelectual para entender cómo funciona Internet. Por eso cuando la UE renovó su directiva de copyright en 2019 provocó un pequeño terremoto entre usuarios, creadores de contenido, empresas y gigantes digitales, que no acabó en Bruselas: los países tienen dos años para adaptar sus leyes a las normas europeas, por lo que será en 2021 cuando se vean muchas de las consecuencias de ese seísmo. Uno de los tótems que ya está tambaleándose es el canon AEDE, el responsable de que España sea el único país del mundo donde no existe Google News.
Ese canon es el aro por el que hace siete años las grandes cabeceras de prensa impresa del país intentaron hacer pasar a Google, sin éxito. Agrupados en la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), negociaron con el Gobierno de Mariano Rajoy una modificación de la ley de propiedad intelectual para forzar a la multinacional a pagar una tasa por todas las noticias que enlazara desde su agregador Google News. Ese canon debía ser cobrado por una entidad de gestión de derechos de autor llamada Cedro, que luego sería la que se encargada de repartir el dinero entre los medios.
Se trataba de un modelo de gestión de derechos de autor a la española, muy similar al impuesto en el terreno musical con la SGAE. Como ocurre con esta entidad y los autores musicales, el canon AEDE también impide a los medios decidir por su cuenta cómo gestionar sus derechos de autor. Deben pasar siempre por Cedro como intermediario obligatorio. También convierte en "irrenunciable" el cobro del copyright, dificultando, como en el caso de los músicos y la SGAE, los modelos de negocio alternativos que primen la visibilidad del contenido por encima de la propiedad intelectual.
Google avisó de que no se plegaría al pago del canon AEDE y a negociar con una entidad como Cedro. Cuando se aprobó, la multinacional simplemente retiró Google News de España. Del resto de plataformas, el canon AEDE apenas ha podido recaudar unos 10.000 euros al año. La situación ha pasado siete años años enquistada, pero la transposición de la directiva europea de copyright en la que trabaja el Ministerio de Cultura y cuyo primer borrador estará listo en esta primera parte de 2021 ha abierto la posibilidad de que España deje de ser un caso único en el panorama internacional.
Cultura está ultimando el texto para reformar la ley de propiedad intelectual en base a la directiva europea. Junio es la fecha límite. La supervivencia del canon AEDE pasa porque el Ministerio que dirige José Manuel Rodríguez Uribes respete el actual artículo 32.2, que detalla que el cobro de derechos de autor es obligatorio y debe pasar forzosamente por Cedro. Una de las claves es que la directiva, en su artículo 15, indica que los editores pueden llegar a acuerdos individuales con las plataformas tecnológicas.
"Estamos en fase de escucha", explican fuentes de Cultura a elDiario.es. "El ministro está reuniéndose con todos los actores involucrados", detallan las mismas fuentes, que adelantan que aún no se ha tomado ninguna decisión respecto al artículo 32.2 y el canon AEDE. No obstante, apuntan que el texto "será coherente coherente con el espíritu y la letra de la directiva".
Aunque el canon AEDE es typical spanish, no ocurre lo mismo con el debate sobre si la nueva directiva europea permite imponer que sea una entidad como Cedro la que gestione los derechos de autor de todos los medios de comunicación. En noviembre, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, contestó negativamente al ser preguntado por un eurodiputado checo: "El artículo 15 otorga a los editores los derechos exclusivos para autorizar o prohibir la distribución y puesta a disposición de sus publicaciones", respondió el comisario francés: "La imposición de una gestión colectiva obligatoria privaría a los editores de este derecho".
Francia, el primer país que ha resuelto la situación en base a la nueva directiva, permitirá a los medios gestionar por su cuenta los derechos de autor. Google firmó la semana pasada un acuerdo con los editores de prensa franceses, pionero a nivel europeo, para compensarlos por el uso de sus artículos desde sus herramientas. Los acuerdos serán individuales y se basarán en el tráfico de cada medio y "su contribución a la información política y general".
La multinacional pretende aplicar en toda Europa la línea del pacto firmado en Francia. Afirma que ha reservado para ello unos 1.000 millones de dólares (850 millones de euros). También en España, donde está preparando el nuevo desembarco de Google News. Eso sí: pide que la nueva ley de propiedad intelectual elimine la obligatoriedad de negociar con Cedro y que se le permita pactar individualmente con cada medio de comunicación las condiciones de la remuneración. Según ha podido saber elDiario.es, Google ya ha llegado a preacuerdos con una decena de ellos.
"El canon AEDE es una medida que no ha funcionado en absoluto y cuyo verdadero objetivo era dificultar que los pequeños y medianos editores de prensa digital entraran en el mercado", expone Arsenio Escolar, director general del Club Abierto de Editores (Clabe). "Sacando del mercado a los agregadores, a los que obligaba a pagarte aunque tú no quisieras cobrar, pretendía convertir Internet en un campo de juego exclusivo de los ya instalados, que eran la vieja prensa tradicional con pata en Internet", continúa.
Ya en 2014 la gran mayoría de los medios del entonces incipiente ecosistema informativo digital se posicionaron en contra del canon. Ahora las posiciones se repiten, pero el equilibro de fuerzas ha cambiado. AEDE ya no es la asociación mayoritaria en la prensa. Sus 80 afiliados, ninguno de los cuales ha nacido como nativo digital, quedan lejos de los 154 de Clabe, aunque la primera sigue contando con grandes grupos de comunicación como Prisa (El País) o Unidad Editorial (El Mundo) o Vocento (ABC). "En Clabe agrupamos unas 800 cabeceras. Queremos ser libres de gestionar nuestros derechos, no tenemos por qué someternos a un criterio superior de otros", razona Escolar.
Siete años después, en frente a esa postura se sigue encontrando AEDE, ahora renombrada AMI (Asociación de Medios de Información), partidaria de obligar a los medios a cobrar derechos de autor a través de Cedro. "Que la negociación se haga a través de una entidad de gestión garantiza que va a haber luz y taquígrafos sobre todo el proceso. Es una negociación bilateral entre las plataformas y las entidades de gestión, en las que los editores también tendrían su posibilidad de opinar", afirma Ramón Alonso, director general de AMI.
Esta asociación defiende que el canon AEDE tiene como objetivo "la equidad y la transparencia": "Que todos los medios independientemente de su tamaño, puedan tener las mismas opciones de obtener ese rendimiento económico", razona Alonso. ¿Por qué hacerlo obligatorio? "Para impedir la desaparición del derecho y que en ningún caso pueda haber ningún tipo de presión para renunciar a los ingresos", contesta
La incógnita de si Cultura presentará un texto continuista o, por el contrario, dará carpetazo al canon AEDE, se resolverá pronto. El departamento de Uribes avisa que lo tendrá listo antes de la fecha límite de junio. Mientras tanto, Google ya ha lanzado una nueva versión de su agregador. Su nuevo formato, denominado Google News Showcase, está pensado para los muros de pago que se extienden como modelo de negocio entre los medios: su objetivo es permitir a los usuarios acceder a los contenidos que las cabeceras elijan para permitir a los usuarios valorar el periodismo que realizan antes de suscribirse, detalla la compañía.
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