La actualización de las normas que regulan las plataformas de Internet estaba marcada en rojo en la agenda de la Unión Europea para esta legislatura 2019-2023. La ley que ha ejercido de espina dorsal de la red europea ha cumplido 20 años este 2020 y fue concebida para un universo distinto. "Estamos en 2020: ya no hay un mundo digital en una mano y un mundo real en la otra", dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que presentó este martes la reforma con la que Bruselas propone llenar ese hueco.
El borrador de la nueva Ley de Servicios Digitales pretende ser el nuevo manual de convivencia entre la ciudadanía digital y las empresas privadas como Google, Amazon o Facebook, que proporcionan la infraestructura que la sostiene. Bruselas defiende que junto a su propuesta hermana, la Ley de Mercados Digitales también presentada este martes, constituyen la legislación "más estricta" del mundo con las actividades de las multinacionales digitales. Las organizaciones de consumidores y de defensa de los derechos digitales coinciden en que son un "paso adelante" pero que "se ha quedado corto".
El texto da respuesta a un gran número de cuestiones que han puesto en entredicho a estas compañías en los últimos años. Regula la transparencia de sus algoritmos tanto en la forma que muestran la información como en la moderación de contenidos; pide mecanismos para solucionar las controversias con los usuarios que "conduzcan a resultados rápidos y justos"; impide que los enjaulen entre sus propios servicios dificultando la interoperabilidad con los de la competencia y detalla la capacidad de los poderes públicos para realizar "inspecciones" en sus bases de datos cuando lo consideren necesario.
"Era una legislación muy esperada que facilitará la fiscalización de los actores digitales, protegerá los derechos de los consumidores y llevará a una mayor capacidad de elección entre servicios", dice la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en inglés) que, sin embargo, pide "más ambición" en los próximos pasos de la negociación. Para el BEUC, se corre el riesgo de que la legislación quede anticuada como ha pasado con la actual, y echa en falta "mayor protección de los consumidores" en marketplaces como Amazon o Aliexpress.
"El Parlamento y el Consejo deben resistir los enormes esfuerzos de lobby de las grandes empresas de tecnología para diluir estas propuestas", pide la organización, que agrupa a 45 organizaciones europeas de consumidores de 32 países.
"La propuesta de la Comisión es un paso importante, pero se queda corta a la hora de presentar un plan ambicioso para liberarnos de la economía de plataformas centralizadas que define las experiencias online hoy en día", dice Jan Penfrat, de European Digital Rights (EDRi), una confederación de 44 ONGs que trabajan en la defensa de las libertades digitales en los países europeos. "El resultado es una mezcla de lo que parecen ser buenas intenciones que cumplen con las peticiones tanto de los lobbies corporativos como de los gobiernos. Se necesitará mucho más trabajo para lograr cambios sistémicos y devolver a las personas el control de su vida en el mundo digital".
La propuesta de Ley de Servicios Digitales incluye un gran número de normas específicas para las multinacionales digitales. La UE no da nombres, sino una cifra: 45 millones de usuarios. Equivale a un 10% de la población conjunta de los 27 estados miembros y es el umbral a partir del cual Bruselas considera que "pueden causar riesgos sociales, diferentes en alcance e impacto de los causados por plataformas más pequeñas". "Una vez que la base de usuarios de una plataforma llega a una parte importante de la población, los riesgos sistémicos que esta plantea tienen un impacto desproporcionadamente negativo", justifica el texto.
La principal herramienta para atajar esos "riesgos sistémicos" es poner fin a la opacidad de estas multinacionales. Para ello propone la creación de un nuevo organismo de regulación en cada país, la figura del "coordinador de servicios digitales". El nuevo ente tendrá la capacidad para pedir a los gigantes digitales que expliquen cómo funcionan sus algoritmos, abran sus bases de datos, acepten auditorías externas o le manden "al menos una vez al año, informes claros, fácilmente comprensibles y detallados sobre cualquier moderación de contenido que hayan realizado".
Las medidas especiales para las grandes plataformas han provocado la queja de Google. "Si bien revisaremos detalladamente las propuestas de la Comisión en los próximos días, nos preocupa que parezcan estar dirigidas específicamente a un reducido grupo de empresas", dice Karan Bhatia, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de la multinacional.
Facebook, en cambio, ha reconocido que las normas específicas de protección de los consumidores presentes en la nueva legislación "deben aplicarse" a su plataforma. "Creemos que la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales están en el camino correcto para ayudar a preservar lo bueno de Internet. Acogemos con satisfacción la creación de normas armonizadas de la UE y una mayor responsabilidad para eliminar el contenido nocivo e ilegal", aseguró este martes una portavoz.
Pese a todo, uno de los puntos más aplaudidos ha sido la propuesta de Bruselas de dejar como está uno de los pilares fundamentales de la ley del año 2000: las plataformas seguirán sin ser responsables de lo que publican sus usuarios. Es el principio que las libera de ser "la policía de Internet" y el que define gran parte de la red que conocemos hoy en día, pero se alteró en la directiva de copyright de 2019. Esta obliga a las plataformas a monitorizar todo lo que se sube a a Internet para asegurarse de que no está protegido con derechos de autor, lo que derivó en los denunciados filtros automáticos de contenido.
"Parece que la Comisión ha aprendido la lección de esos recientes y desastrosos proyectos de regulación de Internet, que hacen que las plataformas vigilen el discurso de los usuarios", dicen Christoph Schmon y Karen Gullo, de la Electronic Frontier Foundation (EFF), una de las organizaciones de referencia en la defensa de las libertades en el mundo digital.
Desde la EFF coinciden en señalar que las normas presentadas este martes "mezclan algunas propuestas prometedoras" pero que "no aborda el control de los usuarios sobre los datos ni establece requisitos para que las mega plataformas trabajen hacia la interoperabilidad. Por lo tanto, hay espacio para la mejora".
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