Bruselas les llama gatekeepers. Porque son como una especie de San Pedro con las llaves del mundo online. Son Google, sin el cual muy pocos navegan por internet; o Amazon, principal mercado de abastos; o Facebook, por ejemplo, lugar de encuentro de todo el mundo y propietario de WhatsApp e Instagram. Son los gigantes digitales, cada vez más grandes, cada vez con una posición más prominente en el mercado y, cada vez, más escurridizos ante las reclamaciones de los órganos regulatorios.
La Comisión Europea quiere mejorar una regulación que viene del año 2000 –el del efecto ídem–, cuando ni siquiera existían Youtube, Airbnb o el Chrome y, para ello, plantea dos normas nuevas: la ley de Servicios Digitales y la ley de Mercados Digitales, con las que quiere aumentar la regulación para Amazon, Google y Facebook, entre otras. Para ello, plantea sanciones que pueden llegar al 10% de lo facturado en un año, en el caso de infracciones graves en la ley de Mercados Digitales, y del 6% si se trata de la ley de Servicios Digitales.
La reforma ha sido elaborada por la vicepresidenta de Competencia de la Comisión Europea, la danesa Margrethe Vestager, y el comisario de Mercado Interior, el francés Thierry Breton. "Dos propuestas importantes para dar la arquitectura regulatoria para la próxima década", ha dicho una fuente comunitaria: "Los marcos que proponemos hoy están diseñados para todo el ecosistema digital. Por ejemplo, se exige a todos los servicios online que eliminen contenido ilegal cuando tengan conocimiento de ello, sin importar su tamaño. Pero, al mismo tiempo, los más grandes, por supuesto, deberán tener una mayor responsabilidad porque tienen mayores recursos y porque los efectos de cómo administran sus servicios son, por supuesto, también mucho mayores. Eso significa responsabilidad, por ejemplo, para evitar la propagación viral del odio o para asegurarnos de que nuestro discurso no esté distorsionado. Es la responsabilidad de evitar prácticas que son injustas y limitan los mercados. Ahora, no estamos definiendo estas responsabilidades contra nadie. Este no es un castigo tecnológico en un texto legislativo. Estamos definiendo estos marcos para nuestros ciudadanos, para nuestras pequeñas empresas, en última instancia, para nuestras sociedades y, cualquiera que sea, la nacionalidad de los principales actores en la actualidad. Mañana, por supuesto, pueden ser europeos e indios, quizás chinos o una mezcla de todos los anteriores. Y estamos decididos a crear reglas que se ajusten a todos esos escenarios".
La Ley de Servicios Digitales tiene como objetivo aumentar la responsabilidad de las plataformas sobre los contenidos que comparten sus usuarios. Es decir, que Google, Facebook o Twitter apliquen criterios transparentes sobre lo que está o no permitido y haga cumplirlos con medidas concretas.
La ley tendrá que ser respetada por todo tipo de plataformas, pero las exigencias crecen en la medida en que la empresa es más grande. Así, las mayores son las que tienen más de 45 millones de usuarios (el 10% de la población europea). En caso de incumplimiento y no hagan más más para abordar el contenido ilegal y ser más transparentes sobre la publicidad en sus plataformas, los gigantes tecnológicos podrían enfrentarse a sanciones de hasta el 6% de su volumen de negocios total el año anterior.
Es decir, Bruselas quiere que las grandes plataformas hagan más para abordar el contenido ilegal, discursos de odio, material de abuso sexual infantil, contenidos que atentan contra los derechos fundamentales y la manipulación con el uso de bots para influir en las elecciones y la salud pública en tiempos de pandemia.
En este sentido, las empresas deberán publicar detalles de sus anunciantes y mostrar los parámetros utilizados por sus algoritmos para sugerir y clasificar información. Auditores independientes supervisarán el cumplimiento y los Gobiernos de la UE harán cumplir las reglas.
La ley de Mercados Digitales también apunta a los gigantes tecnológicos, pero no por lo que comparten sus usuarios, sino por la amenaza que suponen para la competencia y la libertad de elección. Así, la norma establece una lista de obligaciones que se aplicará sin necesidad de que la Comisión Europea tenga que realizar una larga investigación para demostrar daños a los consumidores como ocurre hasta ahora con las multas por atentados a la competencia, que siempre llegan después y acaban siendo recurridas ante los tribunales.
Entre las restricciones están la prohibición de favorecer a sus servicios frente a los de los rivales; la obligación de facilitar la portabilidad de datos a los usuarios; el impedimento a utilizar los datos de los usuarios comerciales para competir con ellos o tratar sus propios servicios de manera más favorable en rankings; o la necesidad de garantizar la interoperabilidad con el resto de plataformas. En el caso de la Ley de Mercados Digitales, las multas pueden llegar al 10% de su volumen de negocios. Y si una empresa infringe sistemáticamente las obligaciones podría enfrentarse a que la Comisión Europea obligue a desinvertir en negocios: se considerará que las empresas están en incumplimiento sistemático si la UE ha emitido al menos tres multas en un periodo de cinco años.
La nueva Ley de Mercados Digitales se dirigirá a las empresas definidas por la Comisión Europea según una serie de criterios, que incluyen el número de usuarios en millones y los ingresos generales en miles de millones de dólares, así como su impacto significativo en el mercado único. Las designaciones serán actualizadas por la Comisión cada dos años.
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